Crear una carrera científica atractiva y estable, impulsar la transferencia del conocimiento y mejorar la gobernanza del sistema español son los principales objetivos de la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que acaba de proponer el Gobierno, junto con la integración de tres organismos públicos de investigación (OPIs) en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
España tiene todavía un camino por recorrer para lograr ser un «país puntero» en investigación y desarrollo. Por ejemplo, la inversión en I+D en España se situó en torno al 1,25% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2019, tan solo una centésima más que en el año anterior, y el país ha perdido a un buen número de investigadores en los últimos años debido a la falta de estabilidad laboral en este campo.
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